GETXO. El Ayuntamiento de Getxo logrará la accesibilidad total de la localidad con una nueva normativa que abre la puerta a la expropiación para asegurar la implantación de ascensores en las comunidades de vecinos. Getxo se sitúa a la vanguardia del Estado en la lucha contra las barreras arquitectónicas y sigue los pasos de Bilbao, Santur- tzi y Lemoa, que desde el pasado año son los primeros en asumir la vía de la expropiación.
El concejal de Urbanismo, Joseba Arregi, calificó ayer la medida de "hito". "Si no conseguimos salir de nuestras viviendas difícilmente lograremos la accesibilidad. Estamos transformando la ciudad para todas las personas", recalcó. La normativa, aprobada el pasado jueves y que entrará en vigor próximamente con su publicación en el Boletín Oficial, garantiza la llegada del ascensor a ras de suelo eliminando la propiedad como elemento insalvable.
Arregi enmarcó la normativa en la cruzada contra las barreras arquitectónicas emprendida en Getxo desde hace 20 años. "Se trata de una vía de resolución de problemas para conseguir calles accesibles, parques accesibles y edificios accesibles", declaró.
Por su parte, Fekoor, la coordinadora de Bizkaia de personas con discapacidad física que ha asesorado al Ayuntamiento, resaltó el alcance de la normativa. "La accesibilidad universal es un derecho fundamental en el siglo XXI", declaró su asesor, Guillermo Trekor. Este especialista ensalzó la contribución de Getxo en esta materia por su carácter pionero en la implantación de pasos de cebra elevados, o en el uso de rampas y ascensores para superar escaleras de la vía pública.
Los ascensores son una de las últimas barreras existentes en Getxo. Así, el concejal reconoció la posibilidad de que Getxo empeore el promedio estatal que reduce la presencia de ascensores a tan sólo tres de cada 10 bloques comunitarios. Arregi atribuyó la situación a la altura de los edificios de Getxo, mayoritariamente de tres plantas, que anteriormente no estaban obligados a implantar la instalación.
El Ayuntamiento consolidará la accesibilidad de los bloques de viviendas en caso de oposición de un propietario de un inmueble. En estas circunstancias, la comunidad podrá hacerse con la propiedad de los suelos ocupados por lonjas o trasteros que bloquean la extensión del ascensor hasta el suelo. La medida se podrá llevar a cabo a partir del acuerdo interno de la comunidad o con una sentencia judicial que respalde la petición de cualquier vecino que resida en el edificio.
La intervención se realizará tras comprobar la imposibilidad de acceder a un acuerdo, lo que activará el mecanismo de la expropiación. El proceso, que se prolongará durante un periodo de seis meses, culmina con el Consistorio en el papel de árbitro a la hora de fijar un justiprecio que la comunidad deberá pagar al dueño. El Ayuntamiento concederá entonces la licencia de obras de la instalación.
Arregi destacó la intención disuasoria de la normativa, destinada para casos conflictivos: "Se trata de un hecho residual. Las comunidades van tomando conciencia porque las personas envejecen. En el Ayuntamiento concedemos todas las semanas licencias de ascensores y los conflictos son excepción". En cualquier caso, el asesor de Fekoor, destaca la efectividad de la norma en Bilbao. "Los conflictos se han resuelto con un porcentaje muy alto de acuerdos por su existencia".
Comentarios